Coordinadora Ejecutiva del PACE UCSH: “Hay barreras que impiden a la población migrante educarse en igualdad de derechos”

Durante el IV Congreso Internacional de Derechos Humanos organizado por la UCSH, la Coordinadora Ejecutiva de nuestro Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), Victoria Moreau, participó como exponente junto a la Licenciada en Educación Democrática, Lida Maria Franco, tratando la problemática del racismo institucional.

En representación del Laboratorio Antirracista en Educación Superior, espacio de trabajo que ambas integran justo a otras investigadoras, académicos y adherentes a movimiento sociales, presentaron los principios de su investigación centrada en las barreras que enfrenta la población migrante afrodescendiente para ingresar a la Educación Superior.

Se trata, en definitiva, de un esfuerzo colectivo por abordar temáticas contingentes con miras a la incidencia política, elaborando diagnósticos y propuestas que apunten a desmontar los obstáculos que impiden a este segmento ejercer su derecho humano a la educación.

En esta entrevista, Moreau aborda la problemática definida desde el Laboratorio definiendo conceptos, ejemplificando las vulneraciones que identificaron y pone énfasis en la necesidad de una política migratoria cuyo enfoque sea integral, basado en la dignidad y el reconocimiento de las personas.

¿A qué se refieren cuando hablan de racismo institucional?

Derivamos de una Ley de Extranjería que data de 1975, que tiene un fuerte componente policial y de control. Esto significa que no hay una visión integral ni de derechos humanos para tratar a un migrante. Vemos diversas prácticas en lo administrativo, legal, hasta en la forma de implementar políticas públicas que son racistas, en su diseño, en su ejecución y me atrevería a decir hasta en su evaluación.

¿Es algo que afecta específicamente a la población migrante?

Ahí es más fácil verlo: cuando un migrante tiene que hacer tres trámites más que alguien que no lo es, abogando al desgaste. Es una displicencia del Estado por asumir esta realidad, no se asumen las complejidades humanas de lo que significa migrar.

Es algo que se ve entonces en la burocracia, en lo administrativo…

Esta eso y por otro lado la falta de reconocimiento, no se trata solo de las barreras impuestas a la población sino además de su invisibilización. Este es uno de los componentes más fuertes de racismo que hay, yo diría, en este país.

¿Qué significa invisibilizar, en concreto?

No hay datos, no existen. Espero que con la Ley 21.151 (ley que otorga reconocimiento oficial al pueblo afrodescendiente chileno) esto vaya a cambiar. Hay noticias de que la población afrodescendiente comenzará a ser censada, un paso al reconocimiento, pero sabemos que de la promulgación a la implementación de una ley pasan muchas cosas, como fue con la ley de aborto o incluso la nueva ley de educación pública.

¿Por qué hacen la distinción entre población migrante y migrante afrodescendiente?

Esa distinción la hacemos para visibilizar, porque no existen datos en términos estadísticos de la población migrante afrodescendiente. De ahí surge nuestra propuesta y desde ahí definimos nuestra problemática en el Laboratorio Antirracista, al no poder hacer un zoom adicional a este grupo. Reconocerles es prioritario para la generación de políticas.

¿Identifican que la población migrante afrodescendiente sufre más vulneraciones?

Hablamos de la interseccionalidad que se genera en torno a la migración, asumimos que este fenómeno está atravesado por distintas vulneraciones: culturales, económicas, sociales, que se ven intensifican por el hecho de migrar. Nuestra creencia es que, además, se les vulnera por ser afro, cuestión que no podemos comprobar porque no hay datos. Por eso hacemos esa diferencia.

¿Qué hipótesis tienen sobre el origen de la invisibilización?

Nos vamos por dos líneas. La primera es que se tiende a entender la migración como un fenómeno nuevo, entonces nadie se hace cargo. Y una segunda es que siempre se ha dicho que la población afro no existe en Chile, que históricamente la esclavitud afro no llegó a este país por condiciones climáticas, etc.

Se invisibiliza entonces siendo afro migrante o nacional…

Los datos no están y los que encontramos respecto a la población afrodescendiente son incongruentes entre sí. El racismo se toma como algo nuevo por los rasgos fenotípicos más visibles, pero nuestra apuesta como Laboratorio tiene que ver con identificar que el racismo se está dando no necesariamente por lo anterior, sino por ejemplo por el país de origen o el status migratorio.

Definido entonces su problema a nivel estructural, ¿cómo repercute el racismo institucional en la Educación Superior?

Partimos desde el racismo institucional como algo estructurante de lo social. Decimos que está a todo nivel, y luego hacemos el foco a lo que pasa en Educación Superior. Nos preguntamos ¿cuáles son las barreras que existen para que la población migrante (y) afrodescendiente se eduque en igualdad de derechos? Ahí encontramos elementos durante la trayectoria escolar y “pequeños” –entre comillas– hitos que constituyen vulneración de derechos.

¿Qué casos?

Partimos por el caso de los estudiantes migrantes que estaban en escuelas básicas y secundarias que ejercían su derecho a la educación en condiciones de desigualdad respecto al resto.

Cuando el Estado asume el derecho a la educación, asume el imperativo de garantizar que este derecho se ejerza, elimino las barreras posibles que pueda existir para que esto se concrete. Por ejemplo: se entrega alimentación en la JUNAEB, pase escolar gratis, en fin, cuestiones que no tenían estudiantes migrantes. Era una vulneración de todas las convenciones de las que tanto nos jactamos…

¿Cómo se identificó este problema?

Se visibilizó e identifico cuando aparece el Programa PACE, esto es clave. Cuando el estudiantado migrante estaba en cuarto medio y podían optar a cupo PACE, cumpliendo con todos los requisitos académicos, de asistencia, etc., no podían inscribirse para dar la PSU…

Sin PSU no se activa el cupo PACE…

Ahí empezamos a desagregar para atrás. Estalla en paralelo el problema de los RUN 100 millones con el Movimiento de Acción Migrante, reclamando todos los beneficios que no reciben… entonces, surge la pregunta: qué hacemos.

¿Cómo reaccionaron las instituciones?

Ahí hay una segunda barrera: no había conocimiento del fenómeno, el DEMRE, órgano desarticulado respecto del sistema de educación, pedía como requisito documento de identificación chileno. Es decir, tenemos estudiantes latinoamericanos que pueden ingresar a su Chile solo con su carnet nacional y no pueden dar la prueba, por qué… y súmale por qué el hijo de un diplomático sí puede dar la PSU sin carnet chileno y un estudiante peruano no. Se creó entonces el Indicador Provisorio Escolar. Se identificó en la mesa de trabajo una segunda vulneración de los Derechos Humanos, el acceso. Ahora, si ese estudiante quisiera optar a las dos últimas líneas del artículo 25 del derecho humano a la educación superior según méritos respectivos, no se puede, es falso.

Porque no se pueden inscribir sin carnet chileno…

Y aun cuando lograran inscribirse ¿cómo financian? Sin considerar que el sistema de admisión está altamente basado en el currículo nacional… por eso fue tan importante que el problema se levantara desde el Programa PACE, que tiene una patita en la enseñanza media y otra en la educación superior. Era la única entidad en ese momento de comprender ambos mundos que no dialogaban entre sí…

¿Qué problemática surge del currículo?

Un currículo del que un estudiante migrante puede no haber participado durante tres de cuatro años. Sumemos que, en el caso de la población haitiana, que para el 2017 era de 58 mil personas, el español no es su primera lengua. Otra barrera más. Esa es la barrera de la admisión, no hay admisión especial pensando en estas complejidades. Sigue un gran número de estudiantes sin ejercer su derecho a la educación. Además, de que dos de tres factores de selección se basan en las notas obtenidas durante la enseñanza media.

¿Qué hay del financiamiento?

Imaginemos que se supera la barrera de admisión, con todas sus dificultades. No hay financiamiento. Todas las becas y créditos que existen te piden ser chileno, es una discriminación por origen nacional. Todos los mecanismos para optar al financiamiento están basados en un status migratorio “regular”, es decir, yo no puedo poner a mi familiar que no está regular en la Ficha Única de Acreditación Socioeconómica (FUAS), o sea hay una boca de esa familia que no se está considerando para la entrega de beneficios a los que tienen derecho. Es probable que estén dentro del 60% más vulnerable, pero no hay como demostrarlo sin el status migratorio esperado.

En el Congreso hablaron además de acceso a la información….

Eso es transversal. Esa barrera se hace más evidente en el migrante porque escasamente tiene referentes o una red de apoyo. Hay un sistema desarticulado que carece de información centralizada para orientar de forma objetiva estos procesos. Esas son algunas de las formas de racismo institucional, estructural, que hemos identificado.

¿Qué significa tener una política migratoria con enfoque de derechos humanos?

Que se base en la dignidad de las personas, se identifiquen qué cosas vulneran esa dignidad y que se evite dicha vulneración. Ahí el Estado se vuelve garante de asegurar un derecho. Migrar es un derecho. Teniendo un enfoque así nos preocuparíamos no solo de que el migrante quede registrado en la PDI, sino que todos sus derechos como ser humano no sean vulnerados: al trabajo, a la salud, a la educación. Hay un cuarto pilar, y es cómo el Estado educa a la población frente a la existencia de estos derechos, preguntarnos ¿por qué una frontera determina tanto la forma en que trato a alguien?